El debate oral comenzó este lunes a las 8:30 con el proceso de selección de los 12 integrantes titulares del jurado y dos suplentes. Se trata del primer juicio que se desarrolla en las nuevas salas del anexo de Tribunales de Santa Fe. La Fiscalía y la querella acusan a Augusto Monzón de homicidio calificado criminis causa, mientras que la defensa cuestiona esa calificación penal.
A más de dos años y medio del crimen que conmocionó al centro de la ciudad de Santa Fe, comenzó este lunes 19 de octubre el juicio por jurados contra Augusto Joaquín “Toti” Monzón, acusado por el homicidio del cambista Carlos Alberto “Pelusa” Farías, de 57 años.
El hecho ocurrió en febrero de 2024 en el interior de un comercio ubicado sobre la peatonal San Martín. A partir de este lunes, un jurado popular deberá analizar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado.
El proceso también representa una novedad desde el punto de vista institucional: es el primer debate que se realiza en las nuevas salas del anexo del Palacio de Justicia, acondicionadas específicamente para el desarrollo de juicios por jurados y con espacios destinados a la deliberación de sus integrantes.
La acusación sostiene que Monzón cometió un homicidio calificado con el objetivo de ocultar un robo. La defensa, en cambio, cuestiona ese encuadre jurídico y plantea que el episodio ocurrió en circunstancias diferentes a las expuestas por la Fiscalía.
Selección del jurado y alegatos de apertura
La primera jornada comenzó a las 8:30 con la audiencia de selección de los 12 miembros titulares y dos suplentes que integrarán el jurado. Los ciudadanos fueron elegidos a partir de una lista de 46 personas sorteadas previamente a fines de septiembre.
Una vez conformado el tribunal popular, el juez técnico Pablo Spekuljak tiene a su cargo las instrucciones iniciales para explicar a los integrantes del jurado las pautas que deberán respetar durante el proceso.
Luego será el turno de los alegatos de apertura. La acusación está encabezada por el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, junto al abogado querellante Martín Risso Patrón.
Por la defensa interviene el abogado Gustavo Abraham, representante de Augusto Monzón.
El crimen de “Pelusa” Farías
El homicidio ocurrió durante la siesta del miércoles 21 de febrero de 2024. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de las 13:30 Farías ingresó al local comercial California Bay, ubicado sobre la peatonal santafesina, para encontrarse con Monzón.
Según la hipótesis de la acusación, el imputado disponía de las llaves del establecimiento debido a que era pareja de una de las encargadas.
La Fiscalía sostiene que, una vez dentro del comercio, Monzón atacó a Farías con golpes en el rostro y el cráneo para sustraerle dinero en efectivo y su teléfono celular.
Siempre de acuerdo con la teoría acusatoria, luego del ataque el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta un depósito ubicado en la parte posterior del negocio y ocultado detrás de bolsas de mercadería.
Los investigadores también sostienen que el acusado habría limpiado manchas de sangre antes de retirarse del establecimiento, pasadas las 15.
El cuerpo de Farías fue encontrado dos días después por agentes de la entonces Agencia de Trata de Personas. La investigación había avanzado a partir del análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en el corredor comercial.
Las posturas que deberá evaluar el jurado
Uno de los puntos centrales del juicio será determinar bajo qué circunstancias ocurrió el homicidio.
La Fiscalía y la querella acusan a Monzón de homicidio calificado criminis causa, figura penal que contempla la prisión perpetua y que se aplica, entre otros supuestos, cuando un homicidio es cometido para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito.
La defensa no discute la presencia de Monzón en el establecimiento ni que allí se produjo el desenlace fatal, pero rechaza la hipótesis de que el homicidio haya ocurrido en el marco de un robo planificado.
Será el jurado popular el encargado de evaluar las pruebas y los argumentos presentados durante el debate para determinar la responsabilidad penal del acusado.
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