La causa está a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, que ordenó tomar muestras y solicitar informes técnicos para determinar el impacto de los rellenos realizados en un sector costero de Santa Fe. En el predio encontraron medicamentos, residuos informáticos y una sustancia que podría ser bentonita. También se investiga el presunto incumplimiento de una clausura municipal.
La presencia de residuos y los movimientos de suelo realizados en el corralón Méjico, ubicado en el distrito costero de Alto Verde, son investigados por la Justicia para determinar si las actividades desarrolladas en el lugar provocaron contaminación o alteraron las condiciones naturales del valle de inundación.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada por la Municipalidad de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y quedó bajo la órbita de la Unidad Especial de Delitos Complejos, con intervención de los fiscales Bárbara Ilera y Matías Broggi.
En el marco de la investigación, se ordenó realizar una serie de medidas en el establecimiento, entre ellas la toma de muestras de los materiales encontrados y el pedido de informes técnicos para establecer las características de las intervenciones realizadas sobre el terreno.
Durante un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI), en el que también participaron equipos municipales y organismos provinciales, fueron encontrados medicamentos, residuos informáticos y acumulaciones de una sustancia que, de manera preliminar, podría ser bentonita.
La composición de ese material deberá ser confirmada mediante análisis especializados.
El hallazgo de estos elementos no implica por sí mismo la existencia de contaminación. Los estudios deberán determinar qué materiales fueron depositados, cómo fueron utilizados y si tuvieron algún efecto sobre el suelo, el agua o las condiciones ambientales del sector.
Tres líneas bajo investigación
La causa judicial avanza sobre tres aspectos principales: el presunto incumplimiento de una clausura municipal, el posible impacto ambiental de los materiales depositados y la eventual alteración del valle de inundación.
El primer punto se relaciona con una denuncia presentada por la Municipalidad ante la posible violación de las fajas de clausura colocadas en el predio.
Según las autoridades locales, el establecimiento había sido clausurado en dos oportunidades luego de inspecciones en las que se detectaron irregularidades administrativas.
El intendente Juan Pablo Poletti sostuvo que el municipio realizó denuncias desde julio y remarcó que las situaciones advertidas se encuentran actualmente bajo investigación judicial.
La eventual responsabilidad por el incumplimiento de la clausura deberá ser determinada en el marco de las actuaciones correspondientes.
Analizan los rellenos y los materiales utilizados
El segundo eje apunta a establecer qué tipo de materiales fueron utilizados para realizar rellenos y elevar artificialmente determinados sectores del terreno.
Para avanzar en este análisis, los investigadores tomaron muestras en distintos puntos presuntamente intervenidos. El material será sometido a estudios especializados para establecer su composición.
Los resultados serán fundamentales para determinar si se utilizaron residuos o sustancias no aptas para este tipo de trabajos y si existió algún grado de afectación ambiental.
La investigación también deberá precisar si los materiales fueron simplemente depositados, enterrados o incorporados deliberadamente al suelo como parte de las tareas de relleno.
Investigan una posible alteración del valle de inundación
El tercer aspecto analizado está relacionado con las características hídricas del lugar.
El predio se encuentra en la isla Sirgadero, denominación catastral del sector costero donde se ubica Alto Verde. Por ese motivo, la Justicia solicitó informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia para determinar si los movimientos de suelo modificaron el escurrimiento natural del agua.
Los estudios deberán establecer si la elevación artificial del terreno produjo alteraciones en el valle de inundación y, en caso de confirmarse, cuál podría ser su impacto sobre la dinámica hídrica de la zona.
Este punto adquiere especial importancia por las características del distrito costero, donde los cauces y las áreas naturales de expansión cumplen una función durante las crecidas.
Poletti hizo referencia a este aspecto y sostuvo que el objetivo de las actuaciones es preservar las condiciones necesarias para que el agua pueda circular por los sectores correspondientes.
Qué normas ambientales podrían entrar en juego
Las eventuales responsabilidades dependerán de los resultados de los análisis técnicos y de la documentación que reúna la investigación.
Entre las normas que podrían resultar relevantes se encuentra la Ley provincial 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que establece criterios para la protección de los recursos naturales, el suelo, el agua y las áreas naturales.
La legislación también contempla procedimientos de evaluación de impacto ambiental para determinadas actividades susceptibles de afectar el entorno y prevé medidas frente a acciones capaces de degradar el suelo o los recursos hídricos.
Otro marco normativo a considerar es la Ley provincial 13.055, vinculada con la gestión de residuos sólidos urbanos bajo el principio de Basura Cero.
Su eventual aplicación dependerá de la procedencia y las características de los elementos encontrados en el predio.
Además, si los estudios establecen que alguno de los materiales reúne las condiciones legales para ser considerado residuo peligroso, deberá evaluarse la normativa específica correspondiente, entre ella el régimen previsto por la Ley nacional 24.051 dentro de su ámbito de aplicación.
Por el momento, ninguna de estas posibles infracciones puede darse por acreditada hasta contar con los resultados de las pericias y el avance de la investigación.
El posible impacto ambiental todavía debe determinarse
Los análisis solicitados por la Justicia serán determinantes para establecer si existió contaminación y si los trabajos realizados modificaron las condiciones naturales del terreno.
En paralelo, los informes hídricos permitirán evaluar si hubo cambios en el funcionamiento del valle de inundación y determinar su eventual alcance.
La Municipalidad informó además que entregó registros de cámaras e imágenes a la Justicia para contribuir a reconstruir las actividades desarrolladas en el establecimiento.
Con esos elementos, las muestras recolectadas y los estudios técnicos, la investigación buscará establecer qué materiales fueron depositados en el corralón Méjico, cuál fue su utilización y si las intervenciones realizadas provocaron daños ambientales o alteraciones sobre este sector costero de Santa Fe.
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